En estos días de despilfarro en fuentes de fantasía y generosidad en proyectos de transporte público, Barakaldo está viviendo su particular ‘otoño caliente’. Noviembre avanza y diferentes colectivos sociales, religiosos y antimilitaristas claman por unos presupuestos municipales más justos y solidarios para atender la creciente necesidad de las familias barakaldesas, mientras que pacifistas y antimilitaristas denuncian la fabricación en el municipio fabril de componentes de aviones de combate.

La queja contra los presupuestos sociales se personifica una vez más en la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, quien denunció el pasado 7 de noviembre los recortes que, a su juicio, se están produciendo en los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo. Según los denunciantes, desde el pasado mes de agosto se aplica desde el Área de Acción de Social del Ayuntamiento de Barakaldo el ‘decreto de priorización’ por el cual se minora la cuantía máxima a conceder a las familias solicitantes de ayudas sociales. Para la plataforma vecinal, esto ha traído en la práctica que las familias que necesiten una ayuda para gastos relacionados con la atención sanitaria, la formación e inserción laboral, la reparación de la vivienda o comunidad los vean denegados de forma automática, cuando hasta esa fecha sí se concedían. La cantidad económica a conceder para los gastos relacionados con el alquiler o la hipoteca, aseguran, se recortará en un 50%.

Por otro lado, recordaron que ya no queda dinero para atender las solicitudes de las familias barakaldesas con escasos recursos económicos y por eso el Ayuntamiento de Barakaldo ha decidido ‘de forma arbitraria, y a todas luces injusta’, subrayan, cerrar el plazo de atención a las familias el próximo 30 de noviembre. Esta decisión supone que ninguna familia será atendida a partir de esa fecha. Para Berri-Otxoak, las necesidades o las situaciones de urgencia no entienden de fechas. Llaman la atención que teniendo en cuenta que el plazo de presentación de solicitudes se abre todos los años a mediados de marzo, y que antes no se puede concertar ninguna cita con los servicios sociales, desaparece, vía decreto, un 25% del año en curso, cuando en el resto de los municipios de ezkerraldea, eskuinaldea y zona minera el plazo esta abierto los 12 meses del año.

Incremento

Estas situaciones ocurren cuando, según datos ofrecidos por los colectivos sociales, han aumentado las solicitudes de ayudas un 27%. Las cifras mostradas arrojan que a fecha de 11 de septiembre han recibido ayudas 1.552 familias barakaldesas, 354 más que en todo el año 2006. Esto significa que sin acabar el año se ha producido un incremento del 27%. Además 31 familias han devuelto el dinero concedido al superar su situación de necesidad económica –aún cuando tenían derecho a la asignación económica concedida. Recuerdan que estas situaciones se viven en un municipio que sí tiene recursos económicos para atender a todas las familias barakaldesas pues existen partidas presupuestarias que desde el 1 de enero no han sido ejecutadas y que podían ser destinadas a cubrir todas las peticiones de ayudas sociales.

Con el ánimo de denunciar estos hechos a lo largo del mes de noviembre se están realizando diferentes concentraciones que tendrán su colofón en un acto final el domingo 18 de noviembre que se desarrollará desde las 13:00 hasta las 14:00 horas en la Herriko Plaza. Actos que se realizan, recuerdan por último, con el ánimo de exigir para los presupuestos generales del año que viene una política social más acorde a la realidad socio-económica del municipio, que no dudan en calificar como ‘caracterizada por las situaciones de precariedad laboral y exclusión social.’

Por otra parte, la coordinadora anti-militarista Kakitzat, dentro de una protesta en la sede bilbaína del Gobierno Vasco contra las subvenciones públicas a empresas armamentísticas, recordó que en Barakaldo la empresa Precicast fabrica componentes del avión de transporte militar Airbus A400M y del Avión de Combate Europeo ‘Eurofighter’. Según los antimilitaristas las 2/3 partes de las fábricas de armas existentes en el conjunto del Estado Español se asientan en territorio vasco y sus beneficios han sido de 900 millones de euros en el año 2006.