Durante estos días, el gobierno español prepara una nueva ley de regulación del trabajo doméstico con una serie de importantes cambios que afectarán a un amplio sector de trabajadores (casi todo mujeres) del hogar. Las asociaciones que están estudiando el anteproyecto de ley han subrayado algunos avances importantes como la llegada, por fin, de la obligación de un contrato escrito o la ampliación en las horas de descanso, pero también han elevado la voz de alarma ante algunas medidas como son no fijar la jornada laboral y la distribución del horario en el contrato, el desprecio del ‘tiempo presencial’ que un trabajador pasa de más en un hogar sin ser pagado y que se siguen sin mencionar las pagas extras. Esta ley sustituirá al Real Decreto de 1985 que regula el trabajo doméstico y, sobre todo, al Régimen Especial de 1969 que, hasta ahora, ha estado vigente manteniendo los derechos de los profesionales de este sector por debajo de los derechos del resto de trabajadores. El anteproyecto se negociará entre gobierno, sindicatos y patronal y se espera que se apruebe en las Cortes a principios de 2008.

Contratos

La nueva ley que se prepara contempla la desaparición de los contratos verbales, muy usados hasta ahora y que impiden conocer realmente cuánto tiempo ha estado una persona empleada, por los contratos escritos. Un trabajador podrá, por tanto, conocer su salario y jornada de forma precisa y registrarse como cualquier otro en el INEM. La duración de los mismos, aunque puede ser variable, deberá convertirse en indefinida si en un año no se específica la duración por escrito. También se equiparan los despidos a los del común, desapareciendo la figura del ‘desistimiento’ sin causa que sólo daba derecho a indemnizar con 7 días por año trabajado. Asimismo los sueldos pasarán a pagarse con nómina o recibo, desapareciendo el pago en metálico y en mano sin registro alguno de pago.

Empeora sustancialmente el tiempo de prueba que pasa de 15 días a 2 meses en aras de la ‘igualdad’ reflejada en el ‘Estatuto de los trabajadores. A juicio de Liz Quintana esto puede llevar a abusos. Tampoco mejora mucho la intermediación laboral: hasta ahora el boca a boca, los anuncios en prensa y, sobre todo, las agencias de contratación ilegales eran las únicas maneras de poner en relación a los que ofrecían trabajo con los que lo demandaban. Ahora el gobierno pretende legalizar estas agencias de contratación que no deberían tener ánimo de lucro (aunque es obvio que lo tienen) en vez de potenciar los mecanismos públicos de contratación a través del INEM o Langai en Euskadi. También se habla vagamente en el anteproyecto de contrataciones a través de fundaciones u ONGs, aunque sin concretar nada.

La ley tampoco dice nada del conocido como ‘tiempo presencial’ (tiempo que en puridad no está dentro de la jornada laboral pero que a veces, por cortesía, se pasa en el puesto laboral para atender necesidades especiales de una casa como no dejar sólo a un niño durante un rato, por ejemplo). La ausencia de una regulación de este tiempo ‘presencial’ sirve como punto de fuga para que se cometan todo tipo de abusos que sufren especialmente los trabajadores ‘internos’, los que viven en la casa, que a veces tienen la sensación de estar todo el día ‘de servicio’. Especialmente para ellos se les aplicará un descanso de entre 8 y 10 horas mínimo entre jornada y jornada y, para todos, un descanso semanal de 36 horas continuadas.

Enfermedad

En cuanto a las bajas por enfermedad, el trabajador deberá esperar 26 días la primera vez que caiga enfermo para empezar a cobrar el subsidio. Estos días se irán reduciendo de dos en dos cada vez que pida otra baja hasta llegar a los 15 días de baja para cobrar. En caso de accidente laboral, eso sí, se empezará cobrar desde el primer día. En cuanto a las altas en la seguridad social, los trabajadores que trabajen más de 20 horas tendrán que estar dados de alta con reparto de los gastos. La nueva ley puede establecer incentivos a los empleadores que den de alta en la seguridad a sus trabajadores. La pregunta que se hacen asociaciones como Argitan es si hay derecho a que un lujo, como es el de disponer de servicio doméstico, reciba subvenciones publicas.

Argitan y otras asociaciones hacen finalmente sus propias propuestas para mejorar esta ley a todas luces, y según ellos, ‘insuficiente’. Esas propuestas pasan porque todos los trabajadores tengan alta en la cotización de la seguridad social con reparto de gastos entre contratantes y trabajadores; porque los días para disfrutar del subsidio por enfermedad pasen de 15 a 4, como el resto de trabajadores; porque se mencione la salud laboral en la ley y se mejore la información sobre peligros en el hogar a los que trabajan en el mismo, y porque los internos tengan un alojamiento y una manutención dignos con buenas comidas, espacio e intimidad. A su juicio esta nueva ley sigue abriendo las puertas a la explotación de la mano de obra doméstica y, sobre todo, de los trabajadores inmigrantes